MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso aprobó esta tarde una proposición no de ley del PSOE, enmendada por el PP y el BNG, abogando por la mejora de las condiciones de voto de los españoles residentes en el extranjero.
Los socialistas proponían instar al Gobierno a "estudiar, después de recabar la información necesaria y suficiente para ello, las posibilidades de mejorar las condiciones de ejercicio del derecho de sufragio activo por parte de los españoles temporalmente ausentes", reformando en su caso las disposiciones precisas, incluyendo el decreto del año 2000.
En su texto, el PSOE argumentaba su demanda en la convicción de que el voto por correspondencia no soluciona la situación de determinados colectivos, como fue el caso de los estudiantes desplazados temporalmente en el extranjero en el reciente referéndum sobre la Constitución Europea.
A esa iniciativa se añadió una enmienda del PP para crear además una subcomisión en el Congreso para analizar "en detalle" la vigente Ley Electoral y redactar un informe sobre sus necesarias modificaciones "en aras a facilitar el derecho de sufragio de los ciudadanos", todo ello con el objetivo de abrir la puerta a otras medidas que engloben también a los emigrantes incluidos en el CERA.
VOTO EN URNA PARA LOS EMIGRANTES
En la misma sesión plenaria, el Congreso rechazó otra iniciativa del BNG sobre el mismo asunto, aunque destinada a una reforma más ambiciosa. De hecho, los nacionalistas gallegos planteaban una proposición de ley para equiparar el procedimiento de votación de los residentes en el extranjero con el fin de establecer la votación directa en mesas instaladas en embajadas, consulados y demás centros y locales públicos españoles.
La idea del BNG es limitar el voto por correo a casos excepcionales pues aprecia en ese procedimiento "escasas garantías para asegurar la personalidad de los electores", y de hecho recordaba en su iniciativa que "en cada proceso electoral se detectan irregularidades en los envíos electorales que evidencian esa ausencia de garantías".
Los nacionalistas gallegos consiguieron el respaldo de las formaciones minoritarias, pero el PSOE votó en contra y el PP optó por abstenerse, lo que impidió que la proposición de ley fuera tomada en consideración.