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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 13 de enero de 2006 el Proyecto de Ley del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior que garantizará que los españoles residentes en el extranjero tengan los mismos derechos y deberes constitucionales que los viven en España.

El Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior nace con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales de los emigrantes españoles que residen en el exterior, en igualdad de condiciones que los españoles que residen en España.

El texto tiene como finalidad, además, delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado, así como establecer la fórmula de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en este ámbito.

El Proyecto de Ley da respuesta a las reiteradas demandas realizadas desde los distintos sectores de la emigración y del retorno. Ha sido fruto de un proceso dialogado con los representantes de los emigrantes españoles, a través de las aportaciones de los Consejos de Residentes, de los consejeros generales de la emigración y de las asociaciones de emigrantes y retornados, así como de un informe preceptivo del Consejo General de la Emigración.

El texto del Estatuto, que ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, salvaguarda como derechos y deberes de los ciudadanos españoles que residen en el exterior el derecho al voto, los derechos sociales y prestaciones por razones de necesidad y derechos en materia de empleo.

Derecho al voto

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, consciente de la dificultad que conlleva el posibilitar el voto en todos los lugares de manera idéntica a la existente en España, quiere con el Estatuto garantizar al máximo la transparencia y la efectividad del sistema. Por ello, el Proyecto de Ley recoge el compromiso de la Administración General del Estado para asegurar la permanente actualización del censo electoral y para que se pueda ejercer el voto en urna en aquellos lugares donde las condiciones lo permitan.

Derechos sociales y prestaciones

En relación con los derechos y las prestaciones sociales, el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior señala como colectivos de especial protección a aquellos ciudadanos españoles que carezcan de recursos suficientes y sean personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social o laboral, así como españoles desplazados durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra civil española.

Se consolidan y amplían, así, los derechos sociales existentes, en especial para las personas mayores, para lo que se introduce la "prestación por razón de necesidad" como un nuevo concepto que engloba la pensión asistencial por ancianidad y la asistencia sanitaria.

De cara al futuro, el Estatuto reconoce también una previsión para que puedan incorporarse medidas específicas dirigidas a las personas mayores dependientes, de acuerdo con la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Derechos laborales, educativos y culturales

El Proyecto de Ley reconoce, en relación con los derechos laborales, que el Sistema Nacional de Empleo permita el acceso a la información necesaria a los españoles demandantes de empleo en el exterior y a los retornados, para la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación.

Por lo que se refiere a la educación y la cultura, el Estatuto ofrece a los españoles la posibilidad de tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español y para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la simplificación y agilización de procedimientos para la convalidación de estudios y titulaciones.

Estos derechos persiguen, en definitiva, mantener los vínculos de los españoles en el exterior con España, tanto para aquellos que residen fuera, como para aquellos españoles que residan regresar a nuestro país.

Retorno y otros derechos

El Gobierno, teniendo en cuenta que la propia Constitución establece la promoción del retorno para los emigrantes, contempla en el Estatuto la creación de la Oficina Española del Retorno, encargada de proporcionar la mayores facilidades y el máximo apoyo a los ciudadanos que quieran retornar a su país, en el seno de una política integral que tiene en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas.

El derecho a la participación en los órganos representativos de la emigración, el derecho de asociación, los derechos en materia de Seguridad Social, así como los servicios sociales para las personas mayores y dependientes son también derechos recogidos en el Estatuto.

Memoria económica del estatuto

El Proyecto de Ley del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior implica, desde el punto de vista presupuestario, la necesidad de contar con la aportación económica de distintos Departamentos ministeriales que realizan actuaciones de protección y apoyo a los españoles residentes fuera de España.

De esta manera, las actuaciones en el ámbito del Proyecto de Ley del Estatuto, que cuenta con una memoria económica de 154,636 millones de euros, implican a distintos Ministerios, pero especialmente a los Departamentos de Asuntos Exteriores y Cooperación, Educación y Ciencia y Trabajo y Asuntos Sociales.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aporta a esta partida presupuestaria el 88 por 100, 136.079 miles de euros, mientras que Educación y Ciencia aporta el 8,3 por 100 y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 3,7 por 100.

Con este presupuesto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sufragará distintas prestaciones económicas, como las pensiones asistenciales en el exterior y para retornados; la asistencia sanitaria; las ayudas para personas mayores y las ayudas para la integración sociolaboral, educativa y cultural, entre otras.

Fuente: www.la-moncloa.es